Servicio de energía en la costa caribe: obstáculo para el desarrollo

En octubre de este año se realizó el tan esperado debate de control político a Electricaribe y se hicieron siete denuncias fundamentales:

1. Inversiones públicas: la gran mayoría de inversión en ampliación de cobertura está siendo financiada por el Gobierno Nacional.

2. Descreme/energía social paga la tarifa más alta: la segmentación del mercado ocasiona que se imponga una tarifa más alta para los usuarios de los barrios subnormales que son los que atiende la empresa Energía Social. 

3. Denuncia FOES: el Gobierno aprobó recursos por más de 60.000 millones de pesos para pagarle a Electricaribe una deuda inexistente.

4. Regulación de la CREG: se denunció la creación de normas para beneficio exclusivo de Electricaribe como la resolución 101 de 2006 por la cual se creó el factor de riesgo de cartera que hace que los pobres subsidien a los pobres.

5. Vigilancia por parte de Superservicios: el esquema de sanciones del Estado no tiene la capacidad para controlar y generar cambios sustanciales en la gestión de las empresas del sector.

6. Calidad y denuncias ciudadanas: la empresa presentó 76 interrupciones usuario/año y pese a ello ha cobrado incentivos de 30 mil millones anuales aproximadamente por mejoras en la calidad del servicio.

Electricaribe remplaza los medidores por supuestas anomalías y al usuario le facturan un nuevo contador y no le devuelven el anterior.                                         

7. Presunto detrimento patrimonial: un porcentaje importante de los contratos presenta una diferencia entre el valor contratado, el total de la obra y el valor de recursos asignados del Estado.

Debido a que aún no se han tomado medidas por parte del Gobierno Nacional para afrontar esta problemática, el Representante David Barguil emprendió la campaña "Vamos jubilar las velas en la Costa” que consiste en instaurar comités de firmas con un plantón en lugares estratégicos en las principales ciudades en los 7 departamentos del Caribe colombiano. 

La iniciativa busca vincular a las personas y movilizarlas para que firmen por las diez soluciones reales a la problemática de Electricaribe.

La meta es recoger 500 mil firmas que luego serán llevadas ante el Ministerio de Minas y Energía como una acción de protesta ante la situación. 

El bolsillo de los colombianos no puede con estos costos

Gracias a la ley de topes y a los insistentes llamados del representante Barguil al Gobierno Nacional para que interviniera, los costos de los servicios financieros se redujeron. Sin embargo, durante el primer semestre del año 2013 nuevamente estos precios se incrementaron.

Por tal razón se citó a debate de control político al Ministro de Hacienda y a los Superintendentes Financiero y de Industria y Comercio; en medio de la discusión Barguil hizo hincapié en:

  • La necesidad de estimular la competencia en el sector porque estos costos están reventando el bolsillo de los colombianos.
  • Es imprescindible que la banca se autorregule, sino lo hace, es necesario que el Gobierno intervenga.
  • Los costos son tan altos que al año un colombiano de estrato 3 paga por el predial $222.000, mientras que por servicios bancarios puede pagar entre $352.800 y $441.000.    
  • La complejidad de la información reportada por la Superfinanciera
  • Finalmente el representante hizo un llamado al Gobierno Nacional para que como una política de estado, se liderara una reducción de tasas y tarifas desde la banca pública.

Efectos del debate:

La propuesta de Barguil de reducir tasas y tarifas en la banca pública fue acogida y ocho días después del debate, Banagrario anunció reducciones en el sector consumo (consignaciones nacionales, tarjetas de crédito y créditos de libranza) y agropecuario (reducciones de tasa de interés, créditos para modernización de cultivos  y maquinaria).

Ante el paso dado por el Gobierno Nacional, la banca privada respondió con una intensa campaña para ofrecer la tasa más baja en materia de crédito hipotecario.

¿Cuánto afecta nuestro bolsillo la falta de competitividad en estos sectores?

Durante el debate el congresista mostró que tenemos el cemento más caro de la región, que los esfuerzos del Gobierno por reducir los costos de los insumos no tienen ningún efecto sobre lo que paga el consumidor final y que la fijación de precios de venta máximos de medicamentos a mayoristas no tiene ninguna incidencia en el precio final de venta al público.

 Puntos clave del debate:

  • La utilización de la figura de las “garantías” en el derecho de la competencia, ha servido para que muchas violaciones a las normas de mercado           queden impunes en sectores como el de insumos agrícolas,  medicamentos,  telefonía celular,  financiero y por supuesto en el caso cementero.
  • Es necesaria una política contundente en materia de regulación, sobre lo que denunció como el gran oligopolio cementero: Holcim, Cemex y Argos.
  • La SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) debe determinar si existen acuerdos de precios de este producto, y si estas empresas se han repartido geográficamente el mercado en varias zonas del país para no competir entre sí, facilitando con esto la imposición de altos precios.
  • El papel de la autoridad de competencia debe ser fortalecido.

Fueron recuperados más de 35 mil millones de pesos en regalías gracias al debate de control político en contra de la empresa Cerro Matoso. David Barguil  denunció que los valores reportados por Cerro Matoso eran incorrectos, puesto que se estaban efectuando unas deducciones que no tenían cabida al momento de liquidar las regalías, entre 2004 y 2008, todo esto con fundamento en informes de auditoría efectuados por la Contraloría General

El congresista ha señalado en varias oportunidades que no es enemigo de la inversión extranjera en nuestro país, por el contrario reconoce sus amplias bondades, pero al mismo tiempo reitera que es necesario seguir de cerca este tema.

Finalmente en agosto de 2011 la empresa tuvo que pagar 35 mil millones de pesos al Estado colombiano por deficiencias en el cálculo de las regalías de esos años. 

La prórroga:

Durante el estudio de las condiciones en las que sería prorrogado el contrato de explotación y como citante a un nuevo debate de control político, el representante señaló que esta discusión debía darse de cara al país.

Dudas sobre el proceso:

  • Cerro Matoso no estaba al día con los compromisos pactados en las concesiones anteriores.
  • Hay estudios que demuestran que se liquidaron mal las regalías entre 1998 y 2003, la deuda asciende a 60 mil millones de pesos.
  • Las condiciones en las que se pactó la reversión de bienes a la nación, son desfavorables para el Estado colombiano.